Disparen a Garzón: El Poder Judicial español a la par del nuestro

El franquismo al ataque. Sintieron que el Juez Baltasar Garzón los tenía en sus manos

En España también se oponen a la memoria. Muchas veces aplican la ley de los dos demonios, pero la Guerra Civil terminó en 1939 y la dictadura de Franco duró hasta los '70. Es esclarecedor el hecho que tanto en Argentina como en España los que coinciden e insisten en dar vuelta la página (sin leerla) son los que tuvieron el poder total y estaban a cargo del Estado en los períodos a recordar y enjuiciar.

Estos son los amigos de Alzheimer, los enemigos del juez Garzón, quien se atrevió a revolver las zanjas:

Luciano Varela

Miembro de la asociación judicial minoritaria y progresista Jueces para la Democracia. Es el instructor de la causa por prevaricación contra Baltasar Garzón por abrir la causa contra el franquismo. Fue impulsor de la Ley del Jurado sacada adelante por el superministerio de Justicia e Interior que dirigió Juan Alberto Belloch y del que la actual vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, era secretaria de Estado de Justicia. Fernández de la Vega fue la principal impulsora de la Ley de Memoria Histórica que, según Varela, Garzón trató de orillar en su causa contra el franquismo. Además, Garzón investigó casos importantes en los que estuvieron imputados personas que habían formado parte de ese superministerio durante la etapa de Felipe González, como el caso Amedo o el secuestro por los GAL de Segundo Marey, en el que fue condenado el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y el ex ministro del Interior José Barrionuevo.

Miguel Bernard

Líder del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y ex dirigente de Fuerza Nueva, es el autor de la querella contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación, por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. A la causa, admitida a trámite por el Supremo, se han sumado otros dos colectivos de extrema derecha también admitidos como parte por el alto tribunal: la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS.

Falange Española

El partido único del franquismo presentó una querella contra Garzón que se sumó a la de Manos Limpias y Libertad e Identidad, aunque actúa de forma separada. En su escrito acusaba al juez de prevaricación y aseguraba que pretendía salvaguardar "el honor" de las personas a las que Garzón imputó crímenes contra la Humanidad en la causa que abrió por los crímenes del franquismo.

Manuel Marchena

Fiscal de carrera y magistrado del Tribunal Supremo a propuesta de los conservadores del Poder Judicial. Es el Instructor de la querella contra Baltasar Garzón por prevaricación debido a la presunta actuación irregular del juez de la Audiencia debido a los cobros que percibió la Universidad de Nueva York del banco Santander -como patrocinio para unos seminarios organizados por Garzón durante su estancia en esa ciudad- y el posterior archivo a su vuelta a Madrid de una querella contra el presidente de la entidad Emilio Botín. El archivo decretado por Garzón fue después ratificado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Antonio Panea

Querellante junto a José Luis Mazón en la causa contra Garzón por los cobros de la Universidad de Nueva York procedentes del Santander. Tomó el relevo del abogado Rafael Pérez Escolar, condenado a 10 años de cárcel por el caso Banesto, que, al salir de prisión, planteó múltiples querellas contra Botín como presidente del banco al que se adjudicó la gestión del reflotado Bantesto, una de las cuales fue la archivada por Garzón, previo informe del fiscal y posterior ratificación por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia.

Francisco Correa

Es el presunto cerebro de la trama corrupta Gürtel que afecta a dos comunidades autónomas gobernadas por el PP -Madrid y Comunidad Valenciana-, a varios ayuntamientos de ese mismo partido y al ex tesorero de éste y senador, Luis Bárcenas, imputado por el Tribunal Supremo gracias a la investigación de Garzón y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se inhibió a favor del alto tribunal. Correa, principal imputado por Garzón en el caso Gürtel, se ha querellado contra el juez por ordenar escuchas entre éste y su abogado en prisión. Y el Supremo ha admitido a trámite su querella.

Margarita Robles

Coincidió con Garzón en el Ministerio de Justicia e Interior que dirigió Juan Alberto Belloch en los gobiernos de Felipe González. Robles era secretaria de Estado de Interior mientras que Garzón, hasta su dimisión, fue Delegado para el Plan Nacional sobre Drogas. A la vuelta al juzgado, Garzón investigó casos en los que estuvieron implicados otros cargos de Interior como el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera o el ex ministro José Barrionuevo. Magistrada del Supremo, Robles es actualmente vocal del Poder Judicial. Como miembro de la comisión permanente de ese órgano ha maniobrado para conseguir la suspensión de Garzón antes de que sea procesado, el momento en que, según la doctrina seguida por el gobierno de los jueces, le corresponde hacerlo. Recusada por Garzón en ese expediente de suspensión, ha aceptado apartarse.

Fernando de Rosa

Vicepresidente del Poder Judicial, puesto al que llegó de la mano del PP. Antes había sido consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana a las órdenes de Francisco Camps. El presidente valenciano, imputado y después absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por recibir varios trajes supuestamente pagados por la trama Gürtel, está a la espera de una sentencia definitiva del Supremo. De Rosa, como hombre de Camps en el Consejo, aseguró públicamente que con la investigación del caso Gürtel, Garzón "estaba atravesando la línea roja de la prevaricación". Recusado por Garzón en el expediente de suspensión que se sigue en el Poder Judicial, ha aceptado apartarse del caso.

Gema Gallego

Vocal conservadora del Poder Judicial. Dio la vuelta al caso bórico inicialmente investigado por Garzón, que se tuvo que abstener a favor de Gallego, entonces juez de instrucción de Madrid. Ese caso investigaba a dos peritos policiales que trataron de relacionar a ETA con el 11-M tras encontrar ácido bórico en casa de uno de los implicados en los atentados de los trenes y en la de un etarra. Gallego, en una maniobra sorprendente, imputó por falsificación a varios cargos de la policía científica que habían corregido el informe de los peritos, dando así pábulo a la teoría de la conspiración defendida entonces por el PP. La instrucción de Gallego recibió un fuerte revés por parte de la Audiencia de Madrid, que absolvió a los altos cargos respaldando el criterio de Garzón.

Adolfo Prego

Ponente de la resolución del Supremo por la que se admitió a trámite la querella contra Garzón de Manos Limpias -a la que luego se sumaron Libertad e Identidad y Falange- por haber investigado el franquismo. También redactará la que resuelva el recurso de apelación planteado por el juez contra la resolución de Luciano Varela que encontraba indicios de criminalidad contra Garzón por ese caso. Prego, magistrado próximo al PP, que lo propuso como vocal del anterior Consejo del Poder Judicial, es patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española (Denaes), muy próxima a Manos Limpias. Durante unos cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid se mostró contrario a la Ley de la Memoria Histórica y firmó un manifiesto contra ella junto con el ex locutor de la COPE Federico Jiménez Losantos y el revisionista del franquismo Pío Moa. Ha escrito artículos en contra de esa norma en la revista de la hermandad del Valle de los Caídos. Es hermano de Victoria Prego, subdirectora de El Mundo, el diario al que Garzón acusa de orquestar una campaña contra él.

Fuente de los antecedentes delictivos: El País.es