¿Otra Escuela De Las Américas? Academia de Policía en El Salvador (ILEA) preocupa a los críticos
Escrito por Wes Enzinna
Martes, 18 de marzo de 2008
Fuente: Informe NACLA sobre las Américas
Establecida en forma semisecreta en el año 2005, una rama salvadoreña de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en Inglés), una red mundial de escuelas de policía patrocinada por Estados Unidos, ha encolerizado a sus críticos y a defensores de derechos humanos, que se preguntan si se perpetuarán viejos patrones de abuso policial y militar en el país. Una investigación de NACLA patrocinada por el Fondo de Investigación Samuel
Chavkin considera que el establecimiento de la transparencia en las operaciones de la academia -que incluye hacer público los materiales del curso y los nombres de sus graduados -es el primer paso crítico para asegurar que no se convierta, si no se ha convertido ya en una nueva Escuela de las Américas.
Con una barba entrecana, ojos inteligentes, incisivos, Benjamín Cuéllar explica como se ha construido una exitosa carrera como defensor de los derechos humanos en El Salvador, donde más de 40,000 asesinatos políticos han tenido lugar desde 1977. Estamos sentados en su oficina en el Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) en el campus de la Universidad centroamericana(UCA), y me cuenta acerca del momento en que fue casi secuestrado y asesinado. "Es el 4 de octubre de 1995," comienza, y el sol apenas se había ocultado. Cinco hombres con pistolas llegaron en una camioneta. La terrible historia termina, por suerte, con la escapada de Cuéllar. Enmarcado en la pared detrás de él están algunos de los premios que ha ganado el IDHUCA desde que Cuéllar se convirtió en director de la organización en 1992.La medalla francesa de Derechos Humanos, premio Ignacio Ellacuria de Derechos Humanos y el premio 2007 de WOLA (Oficina de América Latina en Washington).
Pero a pesar de la labor de Cuéllar, muchos cuestionan su legitimidad como defensor de los derechos humanos a causa de su más reciente esfuerzo: Su trabajo como instructor y monitor de los derechos humanos para una nueva escuela de formación de policía dirigida por los Estados Unidos llamada la Academia Internacional de Aplicación de la Ley, o Academia Internacional de Policía, con sede en San Salvador. Las clases en la escuela comenzaron el 25 de julio de 2005, y ya en julio de 2007, la academia había graduado 791 estudiantes, en su mayoría agentes de policía, así como fiscales y jueces. Una cuarta parte del cupo es reservado para los salvadoreños, mientras que el resto de los estudiantes proceden de otros países de América Latina.
La academia es parte de una red de Academias Internacionales de Policía creada en 1995 por el Presidente Bill Clinton, que previó una serie de escuelas de EEUU "en todo el mundo para luchar contra el tráfico internacional de drogas, la delincuencia y el terrorismo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional." Existen Academias Internacionales de Policía en Budapest, Hungría; Bangkok, Tailandia; Gaborone, Botswana y Roswell, Nuevo Mexico. Si bien la mayoría de los otros no han sido polémicos, la Academia Internacional de Policía de San Salvador ha provocado indignación en los Estados Unidos y El Salvador, ganando comparaciones con el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad, o WHINSEC, antes conocido como la Escuela de las Américas de Fort Benning, Georgia, la escuela para los ejércitos de América Latina que ganó notoriedad en los fines de los años noventa por haber entrenado a algunos de los peores violadores de los derechos humanos en la región.
"El legado del entrenamiento de EEUU de las fuerzas de seguridad en la Escuela de las Américas y en toda América Latina es de derramamiento de sangre, de tortura, de persecución de la población civil, de desaparecidos", escribió el fundador de SOA Watch Roy Bourgeois después que la Secretaria de Estado Condoleezza Rice anunció los planes para la Academia Internacional de Policía de San Salvador en Junio de 2005 en la Organización de los Estados Americanos en su reunión de Miami. "El anuncio de Rice sobre los planes para la creación de una academia internacional de aplicación de la ley en El Salvador plantean graves preocupaciones para cualquier persona que se preocupa por los derechos humanos", dijo.
Y en fecha tan reciente como junio, un miembro del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), escribió, "La Academia Internacional de Policía en El Salvador funciona como otra SOA (Escuela De Las Américas), con un nuevo nombre y en una nueva ubicación."
A diferencia de la SOA, la ILEA es administrada conjuntamente por el Ministerio de Gobernación salvadoreño y el Departamento de Estado de los EEUU -aunque prácticamente todos sus instructores provienen de los Estados Unidos, y la mayor parte de los gastos de la escuela están cubiertos por los impuestos de los contribuyentes de EEUU. A finales de 2007, los Estados Unidos han gastado al menos $3,6 millones de dólares en la academia, según una estimación del Director de ILEA Hobart Henson. Si bien la escuela está temporalmente alojada en la Academia Nacional de Seguridad Pública en San Salvador, una sede de $4 millones de dólares está en construcción.
La escuela se suma a un montón de otros servicios de capacitación militares y de policía en toda América Latina dirigidas por agencias de EEUU, entre ellos el FBI, la Agencia de Aduanas y la DEA, así como programas de formación gestionados por las empresas de seguridad privada de EEUU como DynCorp International. En 1999, el último año para el que se dispone de cifras, Washington formó entre 15,000 y 13,000 personal militar y de policía en América Latina, de acuerdo con el Centro de Política Internacional.
EEUU y funcionarios salvadoreños no deberían haberse sorprendido por la oposición a la Academia Internacional de Policía y las comparaciones a la SOA. Antes de establecerse en El Salvador, los Estados Unidos tenían la esperanza de establecer una ILEA Sur en Costa Rica, pero falló. "La historia de lo que pasó en Costa Rica", dice Guadalupe Erazo del Bloque Popular Social, una coalición de activistas salvadoreños ", es instructivo porque muestra el carácter antidemocrático de la Academia Internacional de Policía, y de la [falta de] rendición de cuentas al público. "
Después de un breve, abortado intento de establecer la escuela en Panamá, los funcionarios de EEUU eligierón a Costa Rica como sede de la academia en 2002. Un acuerdo con el gobierno de Costa Rica se firmó, haciendo oficial el tratado, el plan hizo titulares en todo el país. El acuerdo permitía enseñar temas militares y emplear personal militar para participar en la escuela, y también daba inmunidad a los funcionarios de EEUU. Cuando esto se hizo público, una amplia coalición de ciudadanos de Costa Rica, sindicatos, y grupos de derechos humanos exigieron eliminar estas cláusulas del acuerdo. El gobierno de Costa Rica aprobó en última instancia la demanda del público en sus negociaciones. Estados Unidos, sin embargo, se negó a cumplir con estas condiciones, y como dijo Kathryn Tarker del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, "Washington decidió 'recoger las canicas y volver a casa' en lugar de ofrecer concesiones a la transparencia y salvaguardas anti-militares."
Con la esperanza de evitar los problemas que se encontraron en Costa Rica, los gobiernos de EEUU y El Salvador trabajaron en silencio para establecer la ILEA en San Salvador. De hecho, en el momento del anuncio de Rice en junio de 2005 en el anuncio de la OEA -la primera vez que la escuela se había mencionado públicamente -funcionarios de EEUU ya planificaban comenzar las clases. Poco más de un mes después del anuncio de Rice, 36 estudiantes de Colombia, República Dominicana, y El Salvador iniciaron un curso titulado "Delincuencia Organizada y los Derechos Humanos" en la base aérea de Comalapa, en las afueras de San Salvador. Sin embargo, no fue hasta casi dos meses después, el 20 de septiembre, luego de que el embajador de EEUU, Douglas Barclay H. y el ministro del gobierno salvadoreño René Figueroa firmaron oficialmente un acuerdo constitutivo de la escuela.
En los meses previos a Septiembre, el debate público acerca de la ILEA fue escaso. Los miembros del Congreso de EEUU no se informaron acerca de la academia, ni el principal partido de oposición en El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Pero una vez que los medios de comunicación informaron de que los dos países firmaron un acuerdo oficial en Septiembre, activistas en El Salvador exigieron ver el texto del documento. Protestando su exclusión, una coalición de activistas salvadoreños, en particular la Red de ciudadanos Sinti Techan, exigió que el Presidente Antonio Saca hiciera público el acuerdo y desarrollar un debate abierto, de consultar a "todos los sectores sociales del país antes de presentarlo a la Asamblea Legislativa."
Esto nunca ocurrió. Aunque diputados del FMLN denunciaron la escuela en la asamblea e hizo un último esfuerzo para evitar que el acuerdo fuera ratificado, sus protestas llenas de furia, en vez de argumentos críticos, no hizo lo suficiente para convencer a nadie. "No podemos apoyar que ellos vengan a deformar las mentes de nuestra policía, los fiscales y los jueces", dijo el diputado del FMLN Salvador Arias más tarde. En última instancia, el FMLN falló en movilizar los movimientos sociales del país, y gran parte del público se mantuvo en la oscuridad sobre los detalles de lo que estaba en juego. El 30 de Noviembre de 2005, la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo de ILEA, con 48 de 88 miembros que votaron a favor. Al final, Estados Unidos logró lo que no pudo en Panamá o Costa Rica: La ILEA fue oficial, y ratificó el acuerdo que permitió el objetivo de que no haya ningún mecanismo de transparencia o de supervisión civil, incluido ningún acuerdo que no se incluya personal militar o tópicos militares, y deja la puerta abierta para una cláusula que más tarde daría al personal de EEUU inmunidad de enjuiciamiento.
Aunque los activistas salvadoreños lucharon para obtener más información acerca de la ILEA en los meses previos a la la votación de la Asamblea Legislativa, hubo alguien -de fuera de los poderosos círculos políticos y de la policía- que sabía todo sobre lo de la escuela: Cuéllar."En este momento crucial, Cuéllar no compartió información clave con sus supuestos aliados", dice Erazo. Por esta razón, muchos en la lucha contra la ILEA desconfían y creen que él está implicado en la secretividad de la escuela.
En mayo de 2005, a Cuéllar y al IDHUCA se les invitó a discutir la Academia Internacional de Policía en la Embajada de los EEUU con funcionarios del Departamento de Seguridad Interna y el FBI. Al IDHUCA se le pidió participar en la Academia Internacional de Policía, dando un curso sobre los derechos humanos,sobre la base de cursos similares que habían dado a la policía en el pasado. Después de la investigación de otras Academias Internacionales de policía en todo el mundo, Cuéllar firmó. (Cuéllar dice que él sugirió a los funcionarios de EEUU que se invitara a otras organizaciones de derechos humanos salvadoreños a participar en la Academia Internacional de Policía. Estos grupos, incluidos FESPAD, Las Dignas, y CENTA, no se pudieron contactar para afirmar o comentar esta afirmación.)
Por su participación, al IDHUCA se le pagarían $500 por el curso de derechos humanos de dos días durante el curso de cada seis semanas del "programa básico". Cuéllar y sus colegas no tendrían el poder de cambiar el plan de estudios o de participar en las decisiones de organización, a pesar de que sería capaz de revisar todo lo enseñado en la escuela, asistir a cualquier clase, y hablar con cualquier instructor.
Muchos de los más prominentes activistas de El Salvador se opusieron a la participación de Cuéllar. "Cuéllar se deja engañar", dice el líder sindical Wilfredo Berríos. "Es una pena, porque su presencia en la escuela da a algunas personas la impresión de que se está promoviendo y salvaguardando los derechos humanos. No sé si reír o llorar." Cuéllar califica a sus críticos como poco realistas. "La escuela está aquí, y eso es un hecho ¿Se supone que debemos llorar sobre la leche derramada? Tienes que proteger los derechos humanos con planes concretos, no gritos", dice.
También cree que es mejor estar en el interior monitoreando la escuela, porque hay que estar"adentro para tener alguna influencia". "No sabemos lo que depara el futuro", añade, "pero por ahora, desde nuestra perspectiva, la escuela parece simplemente ofrecer capacitación técnica -que ofrece algunos de los recursos que necesitamos." Funcionarios de ILEA dicen que su objetivo exclusivo es enseñar a la policía, los fiscales, los jueces la mejora de las técnicas de aplicación de la ley y se centra fundamentalmente en las drogas y la delincuencia de pandillas. Cuéllar insiste en que ha visto todos los materiales del curso y puede verificar esto. Pero además de Cuéllar nadie puede estar seguro de lo que la escuela es debido a que su plan de estudios es privado, como son los nombres de sus estudiantes y graduados(con excepción de los títulos de los cursos, que están disponibles en Internet).
Muchos observadores están preocupados por este secreto, teniendo en cuenta la forma en que algunas atrocidades de la Escuela de las Américas salieron a la luz: con el descubrimiento del reportero del Washington Post Dana Priest, en Septiembre de 1996, de los manuales de tortura, y más tarde con Roy Bourgeois en la adquisición de una lista previamente clasificada de graduados de la SOA, muchos de los cuales fueron reconocidos como líderes de los escuadrones de la muerte y grupos de contrainsurgencia notorios. Organizaciones de EEUU como CISPES y SOA Watch, así como el Bloque Popular Social y Sinti Techan, han exigido que la escuela haga públicos los materiales del curso y los nombres de sus graduados. En marzo del 2007 en una visita a la escuela, funcionarios de ILEA prometieron enviar los materiales del curso a los dirigentes de CISPES y a la delegación de SOA Watch. Los materiales nunca llegaron, y hasta la fecha la Academia Internacional de Policía no ha hecho pública ninguna información sobre sus cursos o diplomados.
"No se puede realizar el seguimiento de los graduados de la Academia Internacional de Policía en El Salvador o de su propio país [en el caso de los estudiantes no salvadoreños]", dice Erazo. "Entonces, ¿cómo se supone que debemos vigilar la escuela? Nosotros no podríamos saber si un graduado de ILEA ha participado en algo, o en caso de enseñanza de temas objetables. Títulos de cursos como"Función Ejecutiva en la lucha contra el terrorismo"preocupa acerca de lo que se está enseñando en la escuela.
Presentado con estas preocupaciones, el oficial superior del ILEA, Hobart Henson, quien pasó 24 años con la Policía del Estado de Indiana antes de venir a El Salvador, me asegura, "Esta no es la SOA. No estamos enseñando tortura o asfixia por ahogamiento o algo así. Yo no participaría en algo que no me sentiría bien". Cuando les pido ver los materiales del curso, Henson se esquiba, primero diciendo que no los tiene en la oficina, luego de que es política de la escuela no dar a conocerlos. También le pregunto si puedo hablar con algún graduado de la escuela, y primero Henson dice que la ILEA no da los nombres de sus egresados, porque algunos acaban trabajando como agentes encubiertos. Pero cuando repito mi solicitud para hablar con un graduado más adelante en la entrevista, Henson pide al Gerente de Programa Juan Carlos Ibbott hacer algunas llamadas de teléfono.
Al día siguiente, voy a hablar con Francisco Gómez, un oficial de nivel medio de la Policía Nacional Civil (PNC), que asistió al curso "Programa del desarrolo de Aplicación de la ley" a principios de 2007. Gómez me cuenta que su experiencia fue positiva y explica que se centró en cuestiones técnicas, como la recopilación de pruebas y de investigación del escenario del delito, con menor atención a la lucha contra el terrorismo ("Este no es un problema en El Salvador", dice, "Pero supongo que podría ser"). Él me promete llevar los materiales del curso y plan de estudios de su programa de ILEA. Nueve meses y muchos e-mails después, no he recibido nada.
Una solicitud de una Ley de Libertad de Información para los materiales de ILEA, presentado en Octubre, también ha quedado sin respuesta.
Los críticos de ILEA señalan no sólo la falta de transparencia, sino también el historial de abusos ya establecidos por la PNC, cuya mayoría de estudiantes de la escuela son salvadoreños. Con unos 16,000 funcionarios, la PNC de El Salvador es la más grande de la fuerza de policía del país. Su creación en 1992 tras el final de la guerra civil salvadoreña fue visto por muchos como un paso en la dirección correcta, ya que incorpora elementos de las diversas facciones políticas. Como un informe de Human Rights Watch explica: "La formación de una fuerza de policía profesional, apolítica fue vista en general como la contribución potencial más trascendental de los históricos acuerdos de paz de 1992."Sin embargo, la PNC no hace valer su promesa inicial. La más inquietante indicación de retrocesos en la creación de esta nueva fuerza, la Policía Nacional Civil", continúa el informe, "vino con la noticia. . . De la intervención de un agente de la PNC en 1993 en el asesinato del dirigente del FMLN Francisco Velis ".
Los abusos atribuidos a la PNC han continuado desde entonces. Un artículo de Septiembre de Raúl Gutiérrez de la Inter Press Service titulado "Escuadrones de la Muerte aún operan en El Salvador" detalla numerosos casos de asesinatos cometidos por agentes de la PNC desde 1993, incluido un escuadrón de la muerte de "limpieza social" llamado Sombra Negra, presuntamente responsable de una serie de asesinatos en 1994 y 1995.
En 2006, poco más de un año después que la Academia Internacional de Policía graduó su primera clase, tres hombres desconocidos irrumpieron en la casa de Carlos y Wilfredo Sánchez en el departamento de Sonsonate. La pareja de hermanos, ambos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, fueron sacados de sus camas. La familia Sánchez observaba como los intrusos golpearon a los miembros de las pandillas, los arrastraron a la calle, y les dispararon a muerte. Momentos antes, habían hecho lo mismo a otro miembro de Mara Salvatrucha en la calle.
En un informe de Junio de 2006 publicado por la Procuradora de Derechos Humanos gubernamental, Beatrice de Carrillo, se identifican a los pistoleros en el caso Sánchez como oficiales de la PNC. Detalla este y otros abusos de la PNC, entre ellos el caso de Abimilet Ramírez, quien después de haber sido capturado por agentes de la PNC fue lanzado a un pozo y más tarde asesinado. Otro informe por el Arzobispado de Asistencia Jurídica y Oficina de Defensa de Derechos Humanos (Tutela Legal) proporciona pruebas de 10 asesinatos presuntamente cometidos por funcionarios de la PNC durante el año 2006. Una de las víctimas fue, según el informe, torturado hasta la muerte; otra víctima fue un niño de nueve años muerto a tiros, y ocho de los asesinatos se asemejan a "ejecuciones de escuadrones de la muerte". El informe también toma nota de las pautas de intentos de "limpieza social ", así como fuerte evidencia de motivaciones políticas detrás de varios de los asesinatos.
El informe de de Carrillo también señala que entre 2001 y 2006, el 40% de las denuncias de abuso presentadas a su oficina se refieren a la PNC. A pesar de las pruebas de los malos tratos, los funcionarios de EEUU niegan que la PNC haya hecho nada malo. Lisa Sullivan, miembra de SOA Watch, que visitó la Academia Internacional de Policía en el marco de la delegación de marzo de 2007, confrontó a funcionarios de la Embajada de EEUU con las pruebas de abuso de la PNC detalladas en el informe gubernamental en materia de derechos humanos. Ella dice que demostraron "total desprecio" por la procuradora y sus informes dijeron que eran "fuentes ilegítimas de información" y que no había pruebas en apoyo de sus denuncias. Charles Glazer, embajador de los EEUU en El Salvador, no comentó acerca de los abusos de la PNC, pero me pidió que le proporcionara los informes de derechos humanos, que lo hice, y le ofrecí traducir los pasajes claves para él.
Ni Glazer ni su oficial de prensa respondió. Por su parte, Cuéllar no niega el abuso de la PNC y dice que la Academia Internacional de Policía, no obstante, mejora y reforma al cuerpo de policía. "En la forma en que [la ILEA] desarrolle la competencia técnica de los agentes de policía. . . muchas de las víctimas [de los derechos humanos] verán resultados, y vamos a ser capaces de denunciar a sus victimarios con más claridad y objetividad ", dice Cuéllar. Esto, sin embargo, contradice la línea oficial de EEUU: Sus funcionarios, incluidos Hobart Henson han dicho que El Salvador fue elegido para sede de la escuela, en primer lugar, por el récord supuestamente ejemplar de la PNC. la [Ex-]Procuradora de Carrillo considera que, en lugar de reformar a la PNC, la Academia Internacional de Policía la hará más "profesional y elegante en su uso de la violencia."
La Academia Internacional de Policía ha llegado a El Salvador en un contexto de décadas de conflictos. El país todavía está luchando para superar el legado de una guerra civil que terminó hace 16 años, en la que 75,000 personas murieron. A pesar de que el conflicto terminó formalmente, la violencia sigue haciendo estragos. En 2005, un año típico, un promedio de 15 personas por día fueron asesinados en El Salvador. La juventud se enfrenta con pocas oportunidades de representación política o promoción económica, se han convertido en un sorprendente número de bandas -la policía cifra en 25,000 el número de miembros de pandillas a nivel nacional- que refleja a los elementos más reaccionarios del estado salvadoreño en su nivel de ultra-violencia.
Desde el final de la guerra, el país se ha vuelto intensamente polarizado, con asesinatos políticos continuando a un ritmo alarmante. La violencia y la falta de oportunidades económicas siguen impulsando muchos al exilio, y hoy las remesas, principalmente desde los Estados Unidos, representan un asombroso 16% del PIB del país. Además, el entorno de las libertades civiles es una de las peores en el hemisferio. El resultado de tantos años de guerra civil formal e informal ha dado lugar a una notable pérdida de la fe en las instituciones políticas de su país entre los salvadoreños: en una encuesta de Latinobarómetro 2007, sólo el 38% de los salvadoreños dijo que la democracia es preferible a todos los demás sistemas políticos.
El gobierno salvadoreño ha respondido a la violencia de las pandillas con la tolerancia cero, o política de mano dura ("puño de hierro"). Políticas de mano dura han asolado Centroamérica en el siglo 21, con frecuencia combinando tropas militares con unidades de policía para patrullar zonas plagadas de delincuencia. La primera ley de mano dura se introdujo en El Salvador en julio de 2003, permitió a la policía usar los tatuajes en el cuerpo de un presunto culpable como prueba de pertenecer a una pandilla. Un informe de Noviembre de 2006 por la Oficina de Washington sobre América Latina, señala que "en el año después de que [esta] primera ley de mano dura fue promulgada en El Salvador. . . 19,275 personas fueron detenidas por la policía por el cargo de pertenecer a una pandilla. En un llamativo ejemplo de lo que sucede cuando la policía está autorizada para hacer detenciones sobre la base de esos criterios arbitrarios, el 91% de los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas."
Sin embargo, la Academia Internacional de Policía puede tener otro objetivo además de la capacitación de la policía para tomar medidas enérgicas contra los presuntos miembros de las pandillas. La PNC ha desempeñado un papel activo en una mayor represión contra las libertades civiles encabezado por el Presidente Saca y su partido ARENA, con el objetivo de frenar tanto la delincuencia y la protesta social. Diversas políticas gubernamentales, en particular los acuerdos de libre comercio como el CAFTA, han sido muy polémicas, y la administración Saca ha dado pasos importantes para asegurar que tenga éxito incluyendo aprobar una ley contra el terrorismo en Septiembre de 2006, según el modelo de la Ley Patriótica de EEUU, que se ha utilizado para la detención de personas desde activistas contra la privatización del agua en Suchitoto y vendedores de CD y DVD en San Salvador que violan los derechos de propiedad intelectual estipuladas en CAFTA. Los cargos en contra de los vendedores se han disminuido, pero las 13 personas detenidas en Suchitoto serán llevadas a juicio en febrero, y podrían enfrentar hasta 65 años de prisión[Fueron liberados. N. del T]. La magistrada que preside este caso, Ana Lucila Fuentes de Paz, se instaló como jefe de un nuevo tribunal creado en Septiembre de 2006 por la legislación contra el terrorismo-no mucho después que había completado su formación en la Academia Internacional de Policía.
Un gobierno autoritario apoyado por una fuerza de policía corrupta en El Salvador puede ayudar a salvaguardar los intereses económicos de EEUU en el país. Así como gran parte de América Latina se aleja de las políticas de libre mercado, El Salvador sigue siendo uno de los principales aliados de Washington en contra de la "marea rosa" en la región. El Salvador es, de muchas maneras, una de las fronteras más importantes de Washington de incuestionable influencia económica, regida por un presidente que citó el deseo de complacer a los Estados Unidos como la principal razón de por qué apoya el CAFTA.
Que los funcionarios de ILEA y la administración Saca compartan similares intereses económicos es confirmado por un informe que obtuve titulado "Evaluación de Necesidades de Capacitación en la Aplicación de la Ley para la Región de América Latina. "Este informe, escrito en Febrero de 2005, es el documento fundacional de la Academia Internacional de Policía de San Salvador, y fue preparado por el experto en justicia criminal Anthony Pate y el "tanque de pensamiento" en ley y orden Foro Ejecutivo de la Investigación[Police Executive Research Forum]. (El presidente de este grupo de reflexión es John Timoney, que ha encabezado modelos de leyes de mano dura en la aplicación de la ley en Estados Unidos, como jefe de la policía de Filadelfia y Miami, respectivamente. Obtuvo notoriedad nacional por su represivo tratamiento de la lucha contra el libre comercio a manifestantes en las dos ciudades, resultando cientos de heridos y varios pleitos legales.)
El informe "Evaluación de Necesidades" establece como una de las prioridades de la ILEA -junto con el tráfico de drogas, tráfico de armas y secuestro; los "derechos de propiedad intelectual". La represión de los vendedores acusados bajo la ley antiterrorista se produjo menos de un año después que la Academia Internacional de Policía abrió sus puertas, y el líder sindical Berríos cree que es probable que graduados de la ILEA participaron en la incursión. También se especula que la presión de los Estados Unidos para hacer cumplir los reglamentos del CAFTA podría haber llevado a los ataques en primer lugar. Aunque tal vez no sea la función principal de la escuela, promover el libre comercio y la protección de los intereses económicos de EEUU es, sin duda, parte de la escuela. Henson reconoce esto mucho cuando dice, "Un subproducto de la escuela es el de proteger el libre comercio y la inversión extranjera". El Departamento de Estado también señala que uno de los objetivos de ILEA es "mejorar el funcionamiento de los mercados libres a través de la mejora de la legislación y aplicación de la ley."
A Cuéllar le gusta contar una historia para ilustrar las razones por las que se ha involucrado en el ILEA. Los hermanos Casquerilla, de 29 años y de 12, estaban comiendo un desayuno por la mañana, cuando varios hombres entraron en su casa, que es también un pequeño restaurante en San Salvador. Cuando los hombres sacaron sus armas, el hermano menor corrió, y un hombre le disparó por la espalda. Después, la policía llegó, y mientras aseguraban la casa y el restaurante, el niño, que había sobrevivido a los disparos, murió desangrado. La policía entonces dijo que salieran a unas mujeres que habían sido testigos de los disparos."Más allá del hecho de dejar que el niño muera", dice Cuéllar con desconcierto", perdieron al testigo principal [el niño] a causa de la incompetencia, y permitieron ir a las mujeres, que vieron a los tiradores, sin dar testimonio ni sus nombres o números de teléfono. Esto fue hace cinco años, y su madre está en pena. ¿Cómo puedo ver a ella en la cara y negarle esta oportunidad para capacitar mejor a la policía? "
Pero con todo su pragmatismo, la creencia de Cuéllar de que la escuela reformará a la PNC parece equivocada. Cuando los funcionarios de EEUU niegan categóricamente que la PNC es o ha estado involucrada en los abusos, parece una contradicción creer que la reformarán o a cualquier otra fuerza de policía. Beatrice de Carrillo sugiere que un serio intento de reforma de la PNC tendría lugar en una Academia Nacional de Policía salvadoreña, que sea responsable ante la Asamblea Legislativa, y no del Departamento de Estado de los EEUU.
Y si la presencia de Cuéllar en la escuela puede tranquilizar a algunos observadores, confiar en un hombre o una organización no es una buena estrategia para proteger los derechos humanos. Después de todo, a pesar de los sacrificios que ha hecho y las críticas que ha recibido, no parece como si Cuéllar ha desafiado el secreto que reina en la Academia Internacional de Policía. Las contradicciones de la posición de Cuellar son mejor ejemplo de la manera en que está obligado a defender a menudo a la ILEA durante nuestra entrevista, a menudo refiriéndose a la profesionalidad que puede ofrecer la academia a la policía de El Salvador y evitando la cuestión del abuso de la PNC. Esto es algo que el no debería tener que hacer como monitor de los derechos humanos de la organización, y algo que es difícil de imaginar que lo hiciera en cualquier momento antes de su carrera: la defensa de la policía y al gobierno de los EEUU. Otra contradicción es la ambigüedad de la jurisdicción de Cuéllar en la escuela -por ejemplo, el director de ILEA Henson no hace referencia a Cuéllar como monitor de los derechos humanos, sino más bien como un "instructor de cursos de derechos humanos."
Teniendo en cuenta esto, parece que Washington se beneficia mucho más de su relación con Cuéllar que a la inversa, y su presencia en la escuela causa más problemas que los que resuelve. Como Lesley Gill, una antropóloga en la Universidad Americana y autor del libro Escuela de las Américas: Formación Militar y Violencia Política en las Américas, explica: "El uso de los discursos en derechos humanos en los cursos militares y de policía de EEUU es algo que se inició con la SOA. Después que la SOA fue criticada por promover la violencia y la tortura, comenzaron a incluir un curso sobre derechos humanos en su programa de estudios, y de utilizar el lenguaje de los derechos humanos para describir lo que estaban haciendo". Ella continúa,"Este discurso de los derechos humanos está dirigido para afuera, a una audiencia interna -a críticos potenciales de la escuela- de lo que es indicativo de todo esfuerzo por los EEUU a la reforma de las fuerzas militares o policiales en que están involucrados. Está diseñado para evitar las críticas. Me parece que esto es lo que están haciendo [en la Academia Internacional de Policía] por llevar a bordo a alguien como Cuéllar".
La Academia Internacional de Policía sigue la celebración de las clases, entrenando a cientos de oficiales de la PNC, así como de policía de países como la República Dominicana, Colombia, y otros en todo el hemisferio. Al momento en que los funcionarios de EEUU trabajan para construir la nueva sede de la escuela en San Salvador y para ampliar su presencia en todas las Américas, Cuéllar finalmente reconoce el potencial de abuso en la escuela. "Contrariamente a lo que los críticos reclaman, la ILEA no es otra Escuela de Las Américas, [SOA]", afirma Cuéllar. "Pero podría convertirse en una."
Wes Enzinna es un estudiante graduado en estudios latinoamericanos en la Universidad de California-Berkeley. Sus artículos han aparecido en The Nation y otras revistas, y en CBSNews.com.
Asistencia a la investigación: Adam Evans.
Chavkin considera que el establecimiento de la transparencia en las operaciones de la academia -que incluye hacer público los materiales del curso y los nombres de sus graduados -es el primer paso crítico para asegurar que no se convierta, si no se ha convertido ya en una nueva Escuela de las Américas.
Con una barba entrecana, ojos inteligentes, incisivos, Benjamín Cuéllar explica como se ha construido una exitosa carrera como defensor de los derechos humanos en El Salvador, donde más de 40,000 asesinatos políticos han tenido lugar desde 1977. Estamos sentados en su oficina en el Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) en el campus de la Universidad centroamericana(UCA), y me cuenta acerca del momento en que fue casi secuestrado y asesinado. "Es el 4 de octubre de 1995," comienza, y el sol apenas se había ocultado. Cinco hombres con pistolas llegaron en una camioneta. La terrible historia termina, por suerte, con la escapada de Cuéllar. Enmarcado en la pared detrás de él están algunos de los premios que ha ganado el IDHUCA desde que Cuéllar se convirtió en director de la organización en 1992.La medalla francesa de Derechos Humanos, premio Ignacio Ellacuria de Derechos Humanos y el premio 2007 de WOLA (Oficina de América Latina en Washington).
Pero a pesar de la labor de Cuéllar, muchos cuestionan su legitimidad como defensor de los derechos humanos a causa de su más reciente esfuerzo: Su trabajo como instructor y monitor de los derechos humanos para una nueva escuela de formación de policía dirigida por los Estados Unidos llamada la Academia Internacional de Aplicación de la Ley, o Academia Internacional de Policía, con sede en San Salvador. Las clases en la escuela comenzaron el 25 de julio de 2005, y ya en julio de 2007, la academia había graduado 791 estudiantes, en su mayoría agentes de policía, así como fiscales y jueces. Una cuarta parte del cupo es reservado para los salvadoreños, mientras que el resto de los estudiantes proceden de otros países de América Latina.
La academia es parte de una red de Academias Internacionales de Policía creada en 1995 por el Presidente Bill Clinton, que previó una serie de escuelas de EEUU "en todo el mundo para luchar contra el tráfico internacional de drogas, la delincuencia y el terrorismo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional." Existen Academias Internacionales de Policía en Budapest, Hungría; Bangkok, Tailandia; Gaborone, Botswana y Roswell, Nuevo Mexico. Si bien la mayoría de los otros no han sido polémicos, la Academia Internacional de Policía de San Salvador ha provocado indignación en los Estados Unidos y El Salvador, ganando comparaciones con el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad, o WHINSEC, antes conocido como la Escuela de las Américas de Fort Benning, Georgia, la escuela para los ejércitos de América Latina que ganó notoriedad en los fines de los años noventa por haber entrenado a algunos de los peores violadores de los derechos humanos en la región.
"El legado del entrenamiento de EEUU de las fuerzas de seguridad en la Escuela de las Américas y en toda América Latina es de derramamiento de sangre, de tortura, de persecución de la población civil, de desaparecidos", escribió el fundador de SOA Watch Roy Bourgeois después que la Secretaria de Estado Condoleezza Rice anunció los planes para la Academia Internacional de Policía de San Salvador en Junio de 2005 en la Organización de los Estados Americanos en su reunión de Miami. "El anuncio de Rice sobre los planes para la creación de una academia internacional de aplicación de la ley en El Salvador plantean graves preocupaciones para cualquier persona que se preocupa por los derechos humanos", dijo.
Y en fecha tan reciente como junio, un miembro del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), escribió, "La Academia Internacional de Policía en El Salvador funciona como otra SOA (Escuela De Las Américas), con un nuevo nombre y en una nueva ubicación."
A diferencia de la SOA, la ILEA es administrada conjuntamente por el Ministerio de Gobernación salvadoreño y el Departamento de Estado de los EEUU -aunque prácticamente todos sus instructores provienen de los Estados Unidos, y la mayor parte de los gastos de la escuela están cubiertos por los impuestos de los contribuyentes de EEUU. A finales de 2007, los Estados Unidos han gastado al menos $3,6 millones de dólares en la academia, según una estimación del Director de ILEA Hobart Henson. Si bien la escuela está temporalmente alojada en la Academia Nacional de Seguridad Pública en San Salvador, una sede de $4 millones de dólares está en construcción.
La escuela se suma a un montón de otros servicios de capacitación militares y de policía en toda América Latina dirigidas por agencias de EEUU, entre ellos el FBI, la Agencia de Aduanas y la DEA, así como programas de formación gestionados por las empresas de seguridad privada de EEUU como DynCorp International. En 1999, el último año para el que se dispone de cifras, Washington formó entre 15,000 y 13,000 personal militar y de policía en América Latina, de acuerdo con el Centro de Política Internacional.
EEUU y funcionarios salvadoreños no deberían haberse sorprendido por la oposición a la Academia Internacional de Policía y las comparaciones a la SOA. Antes de establecerse en El Salvador, los Estados Unidos tenían la esperanza de establecer una ILEA Sur en Costa Rica, pero falló. "La historia de lo que pasó en Costa Rica", dice Guadalupe Erazo del Bloque Popular Social, una coalición de activistas salvadoreños ", es instructivo porque muestra el carácter antidemocrático de la Academia Internacional de Policía, y de la [falta de] rendición de cuentas al público. "
Después de un breve, abortado intento de establecer la escuela en Panamá, los funcionarios de EEUU eligierón a Costa Rica como sede de la academia en 2002. Un acuerdo con el gobierno de Costa Rica se firmó, haciendo oficial el tratado, el plan hizo titulares en todo el país. El acuerdo permitía enseñar temas militares y emplear personal militar para participar en la escuela, y también daba inmunidad a los funcionarios de EEUU. Cuando esto se hizo público, una amplia coalición de ciudadanos de Costa Rica, sindicatos, y grupos de derechos humanos exigieron eliminar estas cláusulas del acuerdo. El gobierno de Costa Rica aprobó en última instancia la demanda del público en sus negociaciones. Estados Unidos, sin embargo, se negó a cumplir con estas condiciones, y como dijo Kathryn Tarker del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, "Washington decidió 'recoger las canicas y volver a casa' en lugar de ofrecer concesiones a la transparencia y salvaguardas anti-militares."
Con la esperanza de evitar los problemas que se encontraron en Costa Rica, los gobiernos de EEUU y El Salvador trabajaron en silencio para establecer la ILEA en San Salvador. De hecho, en el momento del anuncio de Rice en junio de 2005 en el anuncio de la OEA -la primera vez que la escuela se había mencionado públicamente -funcionarios de EEUU ya planificaban comenzar las clases. Poco más de un mes después del anuncio de Rice, 36 estudiantes de Colombia, República Dominicana, y El Salvador iniciaron un curso titulado "Delincuencia Organizada y los Derechos Humanos" en la base aérea de Comalapa, en las afueras de San Salvador. Sin embargo, no fue hasta casi dos meses después, el 20 de septiembre, luego de que el embajador de EEUU, Douglas Barclay H. y el ministro del gobierno salvadoreño René Figueroa firmaron oficialmente un acuerdo constitutivo de la escuela.
En los meses previos a Septiembre, el debate público acerca de la ILEA fue escaso. Los miembros del Congreso de EEUU no se informaron acerca de la academia, ni el principal partido de oposición en El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Pero una vez que los medios de comunicación informaron de que los dos países firmaron un acuerdo oficial en Septiembre, activistas en El Salvador exigieron ver el texto del documento. Protestando su exclusión, una coalición de activistas salvadoreños, en particular la Red de ciudadanos Sinti Techan, exigió que el Presidente Antonio Saca hiciera público el acuerdo y desarrollar un debate abierto, de consultar a "todos los sectores sociales del país antes de presentarlo a la Asamblea Legislativa."
Esto nunca ocurrió. Aunque diputados del FMLN denunciaron la escuela en la asamblea e hizo un último esfuerzo para evitar que el acuerdo fuera ratificado, sus protestas llenas de furia, en vez de argumentos críticos, no hizo lo suficiente para convencer a nadie. "No podemos apoyar que ellos vengan a deformar las mentes de nuestra policía, los fiscales y los jueces", dijo el diputado del FMLN Salvador Arias más tarde. En última instancia, el FMLN falló en movilizar los movimientos sociales del país, y gran parte del público se mantuvo en la oscuridad sobre los detalles de lo que estaba en juego. El 30 de Noviembre de 2005, la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo de ILEA, con 48 de 88 miembros que votaron a favor. Al final, Estados Unidos logró lo que no pudo en Panamá o Costa Rica: La ILEA fue oficial, y ratificó el acuerdo que permitió el objetivo de que no haya ningún mecanismo de transparencia o de supervisión civil, incluido ningún acuerdo que no se incluya personal militar o tópicos militares, y deja la puerta abierta para una cláusula que más tarde daría al personal de EEUU inmunidad de enjuiciamiento.
Aunque los activistas salvadoreños lucharon para obtener más información acerca de la ILEA en los meses previos a la la votación de la Asamblea Legislativa, hubo alguien -de fuera de los poderosos círculos políticos y de la policía- que sabía todo sobre lo de la escuela: Cuéllar."En este momento crucial, Cuéllar no compartió información clave con sus supuestos aliados", dice Erazo. Por esta razón, muchos en la lucha contra la ILEA desconfían y creen que él está implicado en la secretividad de la escuela.
En mayo de 2005, a Cuéllar y al IDHUCA se les invitó a discutir la Academia Internacional de Policía en la Embajada de los EEUU con funcionarios del Departamento de Seguridad Interna y el FBI. Al IDHUCA se le pidió participar en la Academia Internacional de Policía, dando un curso sobre los derechos humanos,sobre la base de cursos similares que habían dado a la policía en el pasado. Después de la investigación de otras Academias Internacionales de policía en todo el mundo, Cuéllar firmó. (Cuéllar dice que él sugirió a los funcionarios de EEUU que se invitara a otras organizaciones de derechos humanos salvadoreños a participar en la Academia Internacional de Policía. Estos grupos, incluidos FESPAD, Las Dignas, y CENTA, no se pudieron contactar para afirmar o comentar esta afirmación.)
Por su participación, al IDHUCA se le pagarían $500 por el curso de derechos humanos de dos días durante el curso de cada seis semanas del "programa básico". Cuéllar y sus colegas no tendrían el poder de cambiar el plan de estudios o de participar en las decisiones de organización, a pesar de que sería capaz de revisar todo lo enseñado en la escuela, asistir a cualquier clase, y hablar con cualquier instructor.
Muchos de los más prominentes activistas de El Salvador se opusieron a la participación de Cuéllar. "Cuéllar se deja engañar", dice el líder sindical Wilfredo Berríos. "Es una pena, porque su presencia en la escuela da a algunas personas la impresión de que se está promoviendo y salvaguardando los derechos humanos. No sé si reír o llorar." Cuéllar califica a sus críticos como poco realistas. "La escuela está aquí, y eso es un hecho ¿Se supone que debemos llorar sobre la leche derramada? Tienes que proteger los derechos humanos con planes concretos, no gritos", dice.
También cree que es mejor estar en el interior monitoreando la escuela, porque hay que estar"adentro para tener alguna influencia". "No sabemos lo que depara el futuro", añade, "pero por ahora, desde nuestra perspectiva, la escuela parece simplemente ofrecer capacitación técnica -que ofrece algunos de los recursos que necesitamos." Funcionarios de ILEA dicen que su objetivo exclusivo es enseñar a la policía, los fiscales, los jueces la mejora de las técnicas de aplicación de la ley y se centra fundamentalmente en las drogas y la delincuencia de pandillas. Cuéllar insiste en que ha visto todos los materiales del curso y puede verificar esto. Pero además de Cuéllar nadie puede estar seguro de lo que la escuela es debido a que su plan de estudios es privado, como son los nombres de sus estudiantes y graduados(con excepción de los títulos de los cursos, que están disponibles en Internet).
Muchos observadores están preocupados por este secreto, teniendo en cuenta la forma en que algunas atrocidades de la Escuela de las Américas salieron a la luz: con el descubrimiento del reportero del Washington Post Dana Priest, en Septiembre de 1996, de los manuales de tortura, y más tarde con Roy Bourgeois en la adquisición de una lista previamente clasificada de graduados de la SOA, muchos de los cuales fueron reconocidos como líderes de los escuadrones de la muerte y grupos de contrainsurgencia notorios. Organizaciones de EEUU como CISPES y SOA Watch, así como el Bloque Popular Social y Sinti Techan, han exigido que la escuela haga públicos los materiales del curso y los nombres de sus graduados. En marzo del 2007 en una visita a la escuela, funcionarios de ILEA prometieron enviar los materiales del curso a los dirigentes de CISPES y a la delegación de SOA Watch. Los materiales nunca llegaron, y hasta la fecha la Academia Internacional de Policía no ha hecho pública ninguna información sobre sus cursos o diplomados.
"No se puede realizar el seguimiento de los graduados de la Academia Internacional de Policía en El Salvador o de su propio país [en el caso de los estudiantes no salvadoreños]", dice Erazo. "Entonces, ¿cómo se supone que debemos vigilar la escuela? Nosotros no podríamos saber si un graduado de ILEA ha participado en algo, o en caso de enseñanza de temas objetables. Títulos de cursos como"Función Ejecutiva en la lucha contra el terrorismo"preocupa acerca de lo que se está enseñando en la escuela.
Presentado con estas preocupaciones, el oficial superior del ILEA, Hobart Henson, quien pasó 24 años con la Policía del Estado de Indiana antes de venir a El Salvador, me asegura, "Esta no es la SOA. No estamos enseñando tortura o asfixia por ahogamiento o algo así. Yo no participaría en algo que no me sentiría bien". Cuando les pido ver los materiales del curso, Henson se esquiba, primero diciendo que no los tiene en la oficina, luego de que es política de la escuela no dar a conocerlos. También le pregunto si puedo hablar con algún graduado de la escuela, y primero Henson dice que la ILEA no da los nombres de sus egresados, porque algunos acaban trabajando como agentes encubiertos. Pero cuando repito mi solicitud para hablar con un graduado más adelante en la entrevista, Henson pide al Gerente de Programa Juan Carlos Ibbott hacer algunas llamadas de teléfono.
Al día siguiente, voy a hablar con Francisco Gómez, un oficial de nivel medio de la Policía Nacional Civil (PNC), que asistió al curso "Programa del desarrolo de Aplicación de la ley" a principios de 2007. Gómez me cuenta que su experiencia fue positiva y explica que se centró en cuestiones técnicas, como la recopilación de pruebas y de investigación del escenario del delito, con menor atención a la lucha contra el terrorismo ("Este no es un problema en El Salvador", dice, "Pero supongo que podría ser"). Él me promete llevar los materiales del curso y plan de estudios de su programa de ILEA. Nueve meses y muchos e-mails después, no he recibido nada.
Una solicitud de una Ley de Libertad de Información para los materiales de ILEA, presentado en Octubre, también ha quedado sin respuesta.
Los críticos de ILEA señalan no sólo la falta de transparencia, sino también el historial de abusos ya establecidos por la PNC, cuya mayoría de estudiantes de la escuela son salvadoreños. Con unos 16,000 funcionarios, la PNC de El Salvador es la más grande de la fuerza de policía del país. Su creación en 1992 tras el final de la guerra civil salvadoreña fue visto por muchos como un paso en la dirección correcta, ya que incorpora elementos de las diversas facciones políticas. Como un informe de Human Rights Watch explica: "La formación de una fuerza de policía profesional, apolítica fue vista en general como la contribución potencial más trascendental de los históricos acuerdos de paz de 1992."Sin embargo, la PNC no hace valer su promesa inicial. La más inquietante indicación de retrocesos en la creación de esta nueva fuerza, la Policía Nacional Civil", continúa el informe, "vino con la noticia. . . De la intervención de un agente de la PNC en 1993 en el asesinato del dirigente del FMLN Francisco Velis ".
Los abusos atribuidos a la PNC han continuado desde entonces. Un artículo de Septiembre de Raúl Gutiérrez de la Inter Press Service titulado "Escuadrones de la Muerte aún operan en El Salvador" detalla numerosos casos de asesinatos cometidos por agentes de la PNC desde 1993, incluido un escuadrón de la muerte de "limpieza social" llamado Sombra Negra, presuntamente responsable de una serie de asesinatos en 1994 y 1995.
En 2006, poco más de un año después que la Academia Internacional de Policía graduó su primera clase, tres hombres desconocidos irrumpieron en la casa de Carlos y Wilfredo Sánchez en el departamento de Sonsonate. La pareja de hermanos, ambos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, fueron sacados de sus camas. La familia Sánchez observaba como los intrusos golpearon a los miembros de las pandillas, los arrastraron a la calle, y les dispararon a muerte. Momentos antes, habían hecho lo mismo a otro miembro de Mara Salvatrucha en la calle.
En un informe de Junio de 2006 publicado por la Procuradora de Derechos Humanos gubernamental, Beatrice de Carrillo, se identifican a los pistoleros en el caso Sánchez como oficiales de la PNC. Detalla este y otros abusos de la PNC, entre ellos el caso de Abimilet Ramírez, quien después de haber sido capturado por agentes de la PNC fue lanzado a un pozo y más tarde asesinado. Otro informe por el Arzobispado de Asistencia Jurídica y Oficina de Defensa de Derechos Humanos (Tutela Legal) proporciona pruebas de 10 asesinatos presuntamente cometidos por funcionarios de la PNC durante el año 2006. Una de las víctimas fue, según el informe, torturado hasta la muerte; otra víctima fue un niño de nueve años muerto a tiros, y ocho de los asesinatos se asemejan a "ejecuciones de escuadrones de la muerte". El informe también toma nota de las pautas de intentos de "limpieza social ", así como fuerte evidencia de motivaciones políticas detrás de varios de los asesinatos.
El informe de de Carrillo también señala que entre 2001 y 2006, el 40% de las denuncias de abuso presentadas a su oficina se refieren a la PNC. A pesar de las pruebas de los malos tratos, los funcionarios de EEUU niegan que la PNC haya hecho nada malo. Lisa Sullivan, miembra de SOA Watch, que visitó la Academia Internacional de Policía en el marco de la delegación de marzo de 2007, confrontó a funcionarios de la Embajada de EEUU con las pruebas de abuso de la PNC detalladas en el informe gubernamental en materia de derechos humanos. Ella dice que demostraron "total desprecio" por la procuradora y sus informes dijeron que eran "fuentes ilegítimas de información" y que no había pruebas en apoyo de sus denuncias. Charles Glazer, embajador de los EEUU en El Salvador, no comentó acerca de los abusos de la PNC, pero me pidió que le proporcionara los informes de derechos humanos, que lo hice, y le ofrecí traducir los pasajes claves para él.
Ni Glazer ni su oficial de prensa respondió. Por su parte, Cuéllar no niega el abuso de la PNC y dice que la Academia Internacional de Policía, no obstante, mejora y reforma al cuerpo de policía. "En la forma en que [la ILEA] desarrolle la competencia técnica de los agentes de policía. . . muchas de las víctimas [de los derechos humanos] verán resultados, y vamos a ser capaces de denunciar a sus victimarios con más claridad y objetividad ", dice Cuéllar. Esto, sin embargo, contradice la línea oficial de EEUU: Sus funcionarios, incluidos Hobart Henson han dicho que El Salvador fue elegido para sede de la escuela, en primer lugar, por el récord supuestamente ejemplar de la PNC. la [Ex-]Procuradora de Carrillo considera que, en lugar de reformar a la PNC, la Academia Internacional de Policía la hará más "profesional y elegante en su uso de la violencia."
La Academia Internacional de Policía ha llegado a El Salvador en un contexto de décadas de conflictos. El país todavía está luchando para superar el legado de una guerra civil que terminó hace 16 años, en la que 75,000 personas murieron. A pesar de que el conflicto terminó formalmente, la violencia sigue haciendo estragos. En 2005, un año típico, un promedio de 15 personas por día fueron asesinados en El Salvador. La juventud se enfrenta con pocas oportunidades de representación política o promoción económica, se han convertido en un sorprendente número de bandas -la policía cifra en 25,000 el número de miembros de pandillas a nivel nacional- que refleja a los elementos más reaccionarios del estado salvadoreño en su nivel de ultra-violencia.
Desde el final de la guerra, el país se ha vuelto intensamente polarizado, con asesinatos políticos continuando a un ritmo alarmante. La violencia y la falta de oportunidades económicas siguen impulsando muchos al exilio, y hoy las remesas, principalmente desde los Estados Unidos, representan un asombroso 16% del PIB del país. Además, el entorno de las libertades civiles es una de las peores en el hemisferio. El resultado de tantos años de guerra civil formal e informal ha dado lugar a una notable pérdida de la fe en las instituciones políticas de su país entre los salvadoreños: en una encuesta de Latinobarómetro 2007, sólo el 38% de los salvadoreños dijo que la democracia es preferible a todos los demás sistemas políticos.
El gobierno salvadoreño ha respondido a la violencia de las pandillas con la tolerancia cero, o política de mano dura ("puño de hierro"). Políticas de mano dura han asolado Centroamérica en el siglo 21, con frecuencia combinando tropas militares con unidades de policía para patrullar zonas plagadas de delincuencia. La primera ley de mano dura se introdujo en El Salvador en julio de 2003, permitió a la policía usar los tatuajes en el cuerpo de un presunto culpable como prueba de pertenecer a una pandilla. Un informe de Noviembre de 2006 por la Oficina de Washington sobre América Latina, señala que "en el año después de que [esta] primera ley de mano dura fue promulgada en El Salvador. . . 19,275 personas fueron detenidas por la policía por el cargo de pertenecer a una pandilla. En un llamativo ejemplo de lo que sucede cuando la policía está autorizada para hacer detenciones sobre la base de esos criterios arbitrarios, el 91% de los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas."
Sin embargo, la Academia Internacional de Policía puede tener otro objetivo además de la capacitación de la policía para tomar medidas enérgicas contra los presuntos miembros de las pandillas. La PNC ha desempeñado un papel activo en una mayor represión contra las libertades civiles encabezado por el Presidente Saca y su partido ARENA, con el objetivo de frenar tanto la delincuencia y la protesta social. Diversas políticas gubernamentales, en particular los acuerdos de libre comercio como el CAFTA, han sido muy polémicas, y la administración Saca ha dado pasos importantes para asegurar que tenga éxito incluyendo aprobar una ley contra el terrorismo en Septiembre de 2006, según el modelo de la Ley Patriótica de EEUU, que se ha utilizado para la detención de personas desde activistas contra la privatización del agua en Suchitoto y vendedores de CD y DVD en San Salvador que violan los derechos de propiedad intelectual estipuladas en CAFTA. Los cargos en contra de los vendedores se han disminuido, pero las 13 personas detenidas en Suchitoto serán llevadas a juicio en febrero, y podrían enfrentar hasta 65 años de prisión[Fueron liberados. N. del T]. La magistrada que preside este caso, Ana Lucila Fuentes de Paz, se instaló como jefe de un nuevo tribunal creado en Septiembre de 2006 por la legislación contra el terrorismo-no mucho después que había completado su formación en la Academia Internacional de Policía.
Un gobierno autoritario apoyado por una fuerza de policía corrupta en El Salvador puede ayudar a salvaguardar los intereses económicos de EEUU en el país. Así como gran parte de América Latina se aleja de las políticas de libre mercado, El Salvador sigue siendo uno de los principales aliados de Washington en contra de la "marea rosa" en la región. El Salvador es, de muchas maneras, una de las fronteras más importantes de Washington de incuestionable influencia económica, regida por un presidente que citó el deseo de complacer a los Estados Unidos como la principal razón de por qué apoya el CAFTA.
Que los funcionarios de ILEA y la administración Saca compartan similares intereses económicos es confirmado por un informe que obtuve titulado "Evaluación de Necesidades de Capacitación en la Aplicación de la Ley para la Región de América Latina. "Este informe, escrito en Febrero de 2005, es el documento fundacional de la Academia Internacional de Policía de San Salvador, y fue preparado por el experto en justicia criminal Anthony Pate y el "tanque de pensamiento" en ley y orden Foro Ejecutivo de la Investigación[Police Executive Research Forum]. (El presidente de este grupo de reflexión es John Timoney, que ha encabezado modelos de leyes de mano dura en la aplicación de la ley en Estados Unidos, como jefe de la policía de Filadelfia y Miami, respectivamente. Obtuvo notoriedad nacional por su represivo tratamiento de la lucha contra el libre comercio a manifestantes en las dos ciudades, resultando cientos de heridos y varios pleitos legales.)
El informe "Evaluación de Necesidades" establece como una de las prioridades de la ILEA -junto con el tráfico de drogas, tráfico de armas y secuestro; los "derechos de propiedad intelectual". La represión de los vendedores acusados bajo la ley antiterrorista se produjo menos de un año después que la Academia Internacional de Policía abrió sus puertas, y el líder sindical Berríos cree que es probable que graduados de la ILEA participaron en la incursión. También se especula que la presión de los Estados Unidos para hacer cumplir los reglamentos del CAFTA podría haber llevado a los ataques en primer lugar. Aunque tal vez no sea la función principal de la escuela, promover el libre comercio y la protección de los intereses económicos de EEUU es, sin duda, parte de la escuela. Henson reconoce esto mucho cuando dice, "Un subproducto de la escuela es el de proteger el libre comercio y la inversión extranjera". El Departamento de Estado también señala que uno de los objetivos de ILEA es "mejorar el funcionamiento de los mercados libres a través de la mejora de la legislación y aplicación de la ley."
A Cuéllar le gusta contar una historia para ilustrar las razones por las que se ha involucrado en el ILEA. Los hermanos Casquerilla, de 29 años y de 12, estaban comiendo un desayuno por la mañana, cuando varios hombres entraron en su casa, que es también un pequeño restaurante en San Salvador. Cuando los hombres sacaron sus armas, el hermano menor corrió, y un hombre le disparó por la espalda. Después, la policía llegó, y mientras aseguraban la casa y el restaurante, el niño, que había sobrevivido a los disparos, murió desangrado. La policía entonces dijo que salieran a unas mujeres que habían sido testigos de los disparos."Más allá del hecho de dejar que el niño muera", dice Cuéllar con desconcierto", perdieron al testigo principal [el niño] a causa de la incompetencia, y permitieron ir a las mujeres, que vieron a los tiradores, sin dar testimonio ni sus nombres o números de teléfono. Esto fue hace cinco años, y su madre está en pena. ¿Cómo puedo ver a ella en la cara y negarle esta oportunidad para capacitar mejor a la policía? "
Pero con todo su pragmatismo, la creencia de Cuéllar de que la escuela reformará a la PNC parece equivocada. Cuando los funcionarios de EEUU niegan categóricamente que la PNC es o ha estado involucrada en los abusos, parece una contradicción creer que la reformarán o a cualquier otra fuerza de policía. Beatrice de Carrillo sugiere que un serio intento de reforma de la PNC tendría lugar en una Academia Nacional de Policía salvadoreña, que sea responsable ante la Asamblea Legislativa, y no del Departamento de Estado de los EEUU.
Y si la presencia de Cuéllar en la escuela puede tranquilizar a algunos observadores, confiar en un hombre o una organización no es una buena estrategia para proteger los derechos humanos. Después de todo, a pesar de los sacrificios que ha hecho y las críticas que ha recibido, no parece como si Cuéllar ha desafiado el secreto que reina en la Academia Internacional de Policía. Las contradicciones de la posición de Cuellar son mejor ejemplo de la manera en que está obligado a defender a menudo a la ILEA durante nuestra entrevista, a menudo refiriéndose a la profesionalidad que puede ofrecer la academia a la policía de El Salvador y evitando la cuestión del abuso de la PNC. Esto es algo que el no debería tener que hacer como monitor de los derechos humanos de la organización, y algo que es difícil de imaginar que lo hiciera en cualquier momento antes de su carrera: la defensa de la policía y al gobierno de los EEUU. Otra contradicción es la ambigüedad de la jurisdicción de Cuéllar en la escuela -por ejemplo, el director de ILEA Henson no hace referencia a Cuéllar como monitor de los derechos humanos, sino más bien como un "instructor de cursos de derechos humanos."
Teniendo en cuenta esto, parece que Washington se beneficia mucho más de su relación con Cuéllar que a la inversa, y su presencia en la escuela causa más problemas que los que resuelve. Como Lesley Gill, una antropóloga en la Universidad Americana y autor del libro Escuela de las Américas: Formación Militar y Violencia Política en las Américas, explica: "El uso de los discursos en derechos humanos en los cursos militares y de policía de EEUU es algo que se inició con la SOA. Después que la SOA fue criticada por promover la violencia y la tortura, comenzaron a incluir un curso sobre derechos humanos en su programa de estudios, y de utilizar el lenguaje de los derechos humanos para describir lo que estaban haciendo". Ella continúa,"Este discurso de los derechos humanos está dirigido para afuera, a una audiencia interna -a críticos potenciales de la escuela- de lo que es indicativo de todo esfuerzo por los EEUU a la reforma de las fuerzas militares o policiales en que están involucrados. Está diseñado para evitar las críticas. Me parece que esto es lo que están haciendo [en la Academia Internacional de Policía] por llevar a bordo a alguien como Cuéllar".
La Academia Internacional de Policía sigue la celebración de las clases, entrenando a cientos de oficiales de la PNC, así como de policía de países como la República Dominicana, Colombia, y otros en todo el hemisferio. Al momento en que los funcionarios de EEUU trabajan para construir la nueva sede de la escuela en San Salvador y para ampliar su presencia en todas las Américas, Cuéllar finalmente reconoce el potencial de abuso en la escuela. "Contrariamente a lo que los críticos reclaman, la ILEA no es otra Escuela de Las Américas, [SOA]", afirma Cuéllar. "Pero podría convertirse en una."
Wes Enzinna es un estudiante graduado en estudios latinoamericanos en la Universidad de California-Berkeley. Sus artículos han aparecido en The Nation y otras revistas, y en CBSNews.com.
Asistencia a la investigación: Adam Evans.
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